LaJornada. Edición del 16 de Octubre de 2007.

Fue denunciado por presunta protección a un pederasta

Juez de California decide hoy si tiene jurisdicción en el caso Rivera Carrera

Alma E. Muñoz

Se espera que este martes el juez californiano Elihu M. Berle dictamine si tiene jurisdicción para admitir la denuncia en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien Joaquín Aguilar Méndez denunció en septiembre pasado ante la corte superior de Los Ángeles por la presunta protección de su abusador sexual, el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera.

El equipo jurídico de la parte acusadora ya cuenta con una serie de personas, algunos con formación religiosa, dispuestas a testificar en contra del cardenal mexicano, además del testimonio del detective retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles Héctor Esparza, quien en funciones investigó y comprobó abusos sexuales a “numerosos menores”, perpetrados por Aguilar mientras trabajó en las parroquias Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Agatha, en aquella ciudad estadunidense, con la autorización de su entonces obispo, Norberto Rivera.

En su reporte, el detective resaltó que Ann Curry, de KCBS-TV, uno de los reporteros que cubrieron esos acontecimientos ocurridos en 1987, contactó con los policías encargados de las pesquisas y les informó que “llamó a la diócesis del padre Aguilar en México y habló con el obispo Norberto Rivera, quien le dijo (a la periodista) que el padre renunció a su sacerdocio y se fue a vivir con familiares en Cuernavaca”, cuando éste continuó con su ministerio al retornar a su país de origen ante las denuncias en su contra.

Además, Esparza sostuvo que al entrevistar a personal de la Arquidiócesis de Los Ángeles “me dio la impresión de que intencionalmente se retrasó (tres días) reportar las denuncias (recibidas en contra del presbítero mexicano), como una manera de ayudar al padre Aguilar a esquivar la persecución criminal”.

También está la declaración de Aquinas Walter Richard Sipe, especialista y autor de varios libros sobre prácticas y conductas sexuales de los clérigos de la Iglesia católica romana, y testigo en cerca de 200 casos de abuso sexual por parte de religiosos en Estados Unidos y Canadá. Es sacerdote retirado y desde que ejercía el ministerio hasta que continuó como sicoterapeuta y maestro ha tratado a cerca de 3 mil pacientes, poco más de la mitad clérigos que han atacado a menores o adultos vulnerables.

Tras revisar la correspondencia que sobre el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera intercambió el cardenal Roger Mahony –arzobispo de Los Angeles– con Norberto Rivera, llegó a la conclusión de que en la Iglesia catolica existe “un gran sistema de códigos secretos” para comunicarse los abusos sexuales cometidos por curas, y que cuando se presentan este tipo de conductas la jerarquía católica realiza transferencias de los religiosos de una diócesis a otra, “argumentando la salud y razones familiares”.

De igual manera, que usan las palabras “problemas de homosexualidad” para referirse a los sacerdotes católicos que muestran problemas de sexo con infantes. Es decir, que para el caso de Nicolás Aguilar Rivera los arzobispos implicados usaron ese término para referirse a “implicaciones indirectas de abuso sexual contra niños”.

La defensa del denunciante del cardenal Rivera incluye la disposición del sacerdote Thomas P. Doyle para declarar en el caso. Desde 1984 este religioso ha estado involucrado en los casos de clérigos católicos que abusan de niños. Ha trabajado con las víctimas, sus familias y sus abusadores.

El juez Berle puede declarar hoy si tiene o no jurisdicción para actuar contra Rivera Carrera o retrasar su resolución para entregarla por escrito ofreciendo argumentos sobre sus determinaciones. Existe la posibilidad de que sólo admita uno de los nueve cargos contra el prelado. Destaca como el de mayor relevancia el de conspiración internacional sobre pederastia.

LaJornada. Edición del 16 de Octubre de 2007.

Reúnen firmas para que se investigue al cardenal Rivera

Gabriel León Zaragoza

Julia Klug, la manifestante que interceptó al cardenal Norberto Rivera hace dos semanas cuando se retiraba de la Catedral Metropolitana, inició ayer una campaña de colecta de firmas para hacerlas llegar al Vaticano, con el fin de que se investigue al prelado por el presunto delito de encubrimiento del sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de violar a menores de edad. La inconforme anunció que hoy, en la agencia séptima de la delegación Cuauhtémoc, “están citados Rivera Carrera y su chofer a un careo, a quienes vamos a ver de frente porque no tenemos nada que ocultar”. Indicó que en la primera jornada logró el apoyo de 335 personas, quienes, agregó, le manifestaron su solidaridad por la lucha contra el jerarca católico y “la campaña tendenciosa de las televisoras para limpiar la imagen de Rivera Carrera”. La acción, dijo, continuará hoy en el Zócalo capitalino y, posteriormente, en la Universidad Nacional Autónoma de México y otros centros de educación. Refirió que no teme “al poder” de la arquidiócesis y sus jerarcas, y que enfrentará la demanda que el cardenal le interpuso.

LaJornada. Edición del 16 de Octubre de 2007.

 

“En México nunca lo van a detener”, lamentan

Madres de niños violados por el cura Aguilar piden justicia

Demandan que se le juzque en EU, junto con Rivera Carrera

Sanjuana Martínez

Catalina Cortez Yáñez, madre de una de las vÃctimas  

Catalina Cortez Yáñez, madre de un
a de las víctimas Foto: Sanjuana Martínez

 

 

Son muchas las víctimas del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera que aún esperan justicia. “En México nunca lo van a detener”, lamenta María de Jesús Dalia González Hernández, madre de Joaquín Rodríguez, niño violado hace diez años por el cura.

El juez Elihu Berle anunciará hoy su decisión sobre la jurisdicción del juicio contra el presunto sacerdote pederasta y el cardenal Norberto Rivera Carrera. “Pedimos que lo manden a Estados Unidos, que los juzguen allá a él y al arzobispo. Aquí el padre está protegido por Rivera Carrera y por las autoridades de Puebla. Ellos saben dónde está escondido, pero no lo quieren detener”, señala doña Dalia.

El sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, acusado de violar a más de 90 niños en México y Estados Unidos, ya prófugo de la justicia estadunidense fue reinstalado por el obispo Rosendo Huesca y destinado a distintas parroquias del estado de Puebla, como la de San Vicente Ferrer, que daba servicio a las colonias más pobres de la zona, como la Aviación, Aeropuerto, Viveros y La Huizachera.

En apenas 18 meses, el cura abusó de aproximadamente 60 niños, aunque el número exacto es difícil determinarlo, ya que muchos por miedo o por vergüenza prefirieron no denunciarlo. Nicolás Aguilar Rivera se fue ganando la confianza de la gente para acercarse a los niños. Estaba encargado de la preparación de la primera comunión y daba clases de catecismo en el patio de su casa, bajo el argumento de que el lugar era más amplio que la parroquia.

Al término de cada sesión pedía a un niño que pasara a su vivienda para “hacerle la prueba”. Incluso solicitaba permiso a los padres de familia a fin de que los pequeños pernoctaran en su casa. Así fue violando uno por uno, hasta que la población intentó lincharlo y salió huyendo protegido nuevamente por sus superiores eclesiásticos y por las autoridades de Puebla y de Morelos.

De aquellos hechos se interpusieron cuatro demandas penales en los juzgados primero y segundo de Tehuacán. En tres de los procesos se le acusó de corrupción de menores, ya que en México no existe el delito de pederastia, y se le condenó a un año de prisión, pero pagó la fianza impuesta y nunca pisó la cárcel. En el cuarto proceso, el de Joaquín, se le condenó a tres años de prisión por “violación equiparada”. La orden de aprehensión, girada en enero de 1998, continúa sin ejecutarse.

Doña Dalia y las madres de otros tres niños, Felipe, Efrén y Sergio, fueron testigos de la protección que el juez Carlos Guillermo Ramírez le brindó al sacerdote pederasta: “Él mismo le avisó cuando se giró la orden de aprehensión para que huyera”, dice la mujer, quien ha dejado la religión católica porque afirma que ya no cree en los sacerdotes y prefiere profesar con los testigos de Jehová.

Su mayor desengaño fue cuando se logró entrevistar con el sacerdote Teodoro Lima, interino de la Arquidiócesis de Puebla, en 1997: “Me comentó que la Iglesia no tenía para tanto. De plano me dijo que no había dinero para pagar un tratamiento sicológico a 60 niños. ‘¡No, no, no. Olvídese. No hay reparación, simplemente no!’ Nos dijo que perdonáramos al padre Nicolás porque estaba enfermo”.

Catalina Cortez Yáñez, madre de Efrén Alva, es vecina de la colonia Aviación. Tiene seis hijos y un marido con problemas de alcoholismo. Su hijo fue objeto de abuso sexual por el padre Nicolás cuando tenía 11 años. Efrén, al igual que sus compañeros sodomizados por el sacerdote, abandonó la secundaria debido al escarnio social. Efrén tiene ahora 20 años, está casado y a punto de ser padre; prefiere olvidar ese capítulo de su vida: “Nadie nos hizo caso. Lo protegieron. Yo les dije que de dónde iba a sacar para estar yendo al juzgado. Les dije que tenía más criaturas. Y allí quedo todo”, narra Catalina.

Frente a un altar religioso, Cortez Yáñez dice que a su hijo le ha marcado irremediablemente lo sucedido y pide justicia, aunque está segura de que aquí será muy difícil conseguirla; por eso se muestra interesada en que avance el proceso legal que se sigue en la corte superior de California: “Que lo manden para allá. Aquí ni quieren mover nada. Yo lo que quiero es que lo detengan. Debía estar detrás de las rejas, no debería estar suelto, como ahorita anda”.

La madre de familia sigue teniendo un profundo respeto por lo sacerdotes, aunque ya no confía en ellos, sobre todo cuando comprobó cómo la jerarquía católica encubre a los curas que abusan de los niños: “También el cardenal Norberto debe ser juzgado, porque él lo protegió”.

Las madres de esos menores sienten una profunda culpabilidad, pero Catalina Cortez intenta encontrar una explicación coherente para cicatrizar uno de los episodios más dolorosos de su vida: “El padre Nico llegaba a la casa y me decía: ‘Doña Catita, quiero llevarme a Efrén’. Yo le preguntaba a mi hijo: ¿te quieres ir?, y Efrén decía que sí. Así pasaron los días y las semanas. Yo tengo mi conciencia tranquila, porque le digo a mi hijo: yo jamás te obligué a que te fueras. Tú te querías ir. Yo confiaba en el padre, pues es padre, ¿no? Él sabe mucho, yo no sé leer ni escribir. Para mí los sacerdotess tienen su respeto”.

En la misma colonia, a unas cuantas casas, vive Guillermo Valladares Carrera, padre de Felipe, el otro menor atacado por el padre Nicolás. Son originarios de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y hablan mazateco, por lo cual se expresan con dificultad en español. Tienen diez hijos y nueve nietos. Explican que su hijo tiene 21 años y sigue soltero. Abandonó la religión católica y actualmente es evangelista y le ayuda a un pastor en la sierra oaxaqueña.

Don Guillermo, de 58 años, es jardinero; comenta que nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela y repite en tono de resignación: “Lo que pasó ya pasó, ya qué podemos hacer”. Cuenta que entre todos los padres de familia hicieron un esfuerzo para comprar la campana de la parroquia: “Los chamacos tenían entre 10 y 13 años. Nadie sabe cómo pudo pasar una cosa de ésas. Todos sacaron los chamacos de la iglesia. No hay derecho que el padre que les enseñara una cosa mala a nuestros hijos. No hay derecho”.

Su vivienda son dos cuartos construidos a base de adobe con techo de lámina y dice que siguen siendo tan pobres como hace diez años. Recuerda los delitos cometidos por el cura: “Fue una pinche pendejada lo que les hizo. No se vale. Debe respetar a las personas. Manchan a la gente. El padre solo hizo esas chingaderas. Él es cosa mala. Que lo detengan”.

 

 

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