En el documento se resalta que ese gobierno defendió el «derecho a la vida»

Carlos Abascal rindió informe a la Iglesia católica de logros del foxismo

ALMA E. MUÑOZ

El año pasado, la Secretaría de Gobernación (SG) entregó a obispos católicos un balance sobre el cumplimiento del decálogo que en materia de libertad religiosa ofreció Vicente Fox para su sexenio.

Se estableció, en el análisis, que ese gobierno autorizó más de 50 mil actos de contenido religioso en medios masivos de comunicación no impresos, gracias al permiso que de manera extraordinaria les otorgó la dependencia a diversas iglesias.

También, que analizaban ­presumiblemente desde 2005­ la posibilidad de eliminar las restricciones que impiden a las asociaciones religiosas poseer o administrar medios de comunicación masiva. Pretendían imponerles limitantes, en lugar de restricciones, para garantizar que su acceso no tuviera naturaleza lucrativa, sino eminentemente religiosa.

Asimismo, Gobernación, entonces a cargo de Carlos Abascal, les ratificó a los obispos que para ese gobierno la protección constitucional del derecho a la vida era «un valor humano fundamental».

Como parte de la explicación referente a este punto, la instancia federal les enfatizó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) «cuenta con un programa para brindar atención a las adolescentes que están en proceso de gestación o que ya son madres, e igualmente para prevenir el embarazo en este segmento de la población».

Lo anterior, «basándose en aspectos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a una mejor nutrición, con el objetivo de facilitarles las mejores condiciones para el desarrollo de su embarazo y parto».

Adicionalmente, enalteció la jurisprudencia que en 2002 emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales».

Del balance presentado, resalta asimismo, la explicación que la anterior administración federal dio sobre la promesa que Fox hizo para respetar el derecho de los padres de familia a decidir sobre la educación de sus hijos. Afirmó que esta garantía «ya se encuentra reconocida por nuestro sistema jurídico, al haber suscrito nuestro país el Pacto de San José».

No obstante lo anterior, aclaró que «hay quienes consideran que existe contradicción entre lo previsto en el citado pacto y el artículo tercero constitucional, que establece la educación laica en las escuelas públicas, aunque a este respecto también se argumenta que no existe tal contradicción, debido a que los padres de familia pueden optar porque sus hijos tengan educación religiosa por medio de las escuelas privadas».

En cuanto a promover el libre acceso a la asistencia espiritual y religiosa en los centros de salud, penitenciarios y asistenciales, como los orfelinatos y los asilos para ancianos, el gobierno foxista les aclaró a los prelados que desde marzo de 2001, mediante la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos se solicitó a las diferentes dependencia y entidades que tienen a su cargo ese tipo de instancias «la conveniencia de facilitar el apoyo espiritual a quien se encuentre en ellos y así lo requiera, conforme a sus creencias religiosas».

Igualmente, Gobernación destacó que el artículo sexto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público estableció «la obligación de promover las medidas conducentes para este fin, por parte de los responsables de este tipo de centros e instituciones».

Explicó que «facilitar el apoyo espiritual a quien lo solicite, obedece a hacer efectivo el ejercicio de la libertad de creencias y de culto en momentos en que la persona más lo necesita».