AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
Índice AI: AFR 47/014/2007 (Público)
Servicio de noticias: 205/07
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR470142007
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Amnistía Internacional ha instado hoy, 2 de noviembre de 2007, a los gobiernos de todo el mundo a no entregar a Ruanda a personas sospechosas de haber cometido delitos durante el genocidio de 1994 para ser juzgadas.
La organización ha publicado un memorándum en el que se describen los criterios que deben aplicar los gobiernos y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda cuando consideren la entrega de personas a ese país para ser juzgadas.
A pesar de las mejoras que ha experimentado el sistema de administración de justicia de Ruanda en los últimos años, aún se albergan graves preocupaciones al respecto de su capacidad para investigar y procesar con justicia e imparcialidad y de acuerdo con las normas internacionales a personas acusadas de delitos relacionados con el genocidio de 1994.
«Los gobiernos de los países donde residen presuntos autores de estos delitos deben iniciar actuaciones en sus propios tribunales, aplicando leyes sobre jurisdicción universal, para investigar y, en caso de que existan suficientes pruebas admisibles, procesar a los autores de los crímenes atroces que se cometieron durante el genocidio, tanto en representación del pueblo de Ruanda como de la comunidad internacional –ha afirmado Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional–. Donde no existan leyes que prevean el principio de jurisdicción universal, debe procederse a promulgarlas de inmediato».
Amnistía Internacional también ha instado al Tribunal Penal Internacional para Ruanda a no trasladar ninguna de sus causas a Ruanda hasta que el gobierno ruandés pueda demostrar que puede llevar a cabo juicios con justicia e imparcialidad y que está dispuesto a hacerlo, y que todas las víctimas y testigos recibirán protección.
Durante los últimos meses, el gobierno ruandés ha formulado peticiones formales e informales a varios gobiernos –incluidos los del Reino Unido, los Países Bajos, Canadá, Francia y Finlandia– de extradición de varias personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ruanda durante el genocidio de 1994. En junio de 2007, el fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda presentó su primera solicitud de traslado de una causa a los tribunales de Ruanda.
«Reconocemos la importancia que tiene el hecho de que los tribunales nacionales de Ruanda se hagan responsables de investigar y procesar a personas acusadas de los crímenes atroces cometidos en Ruanda durante el genocidio –ha manifestado Erwin van der Borght–. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar que estos tribunales respeten y protejan plenamente los derechos tanto de los acusados como de las víctimas».
En su memorándum, Amnistía Internacional insta al Tribunal Penal Internacional para Ruanda a no trasladar causas a Ruanda hasta que no se haya demostrado que:
• el sistema nacional de justicia actúa con imparcialidad, investigando y procesando los delitos cometidos por personas pertenecientes a todas las partes del conflicto;
• todos los juicios nacionales se llevan a cabo con arreglo a las normas internacionales que rigen los juicios justos;
• todos los juicios de las personas entregadas a Ruanda son observados por expertos independientes que gocen de acceso irrestricto a todas las partes y a toda la documentación pertinente;
• las personas que se entreguen a Ruanda para ser juzgadas no corren riesgo de que les inflijan tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
• todas las víctimas y testigos reciben apoyo y protección eficaces contra amenazas, intimidación y agresiones.
«Apoyamos plenamente el desarrollo del sistema nacional de justicia de Ruanda, pero hasta que no estemos satisfechos de que se cumple con todos los requisitos necesarios para la realización de juicios justos e imparciales, exhortamos al Tribunal Penal Internacional para Ruanda y a los gobiernos nacionales a negarse a transferir ningún caso a Ruanda», afirmó van der Borght.
«El Tribunal Penal Internacional para Ruanda debe informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que necesita más tiempo y recursos para concluir el número de causas que debe ver, en vez de procurar el traslado de causas a un sistema en el que las personas corren riesgo de ser sometidas a tortura y juicios injustos».