ALC. Ciudad de México, viernes, 29 de octubre de 2010
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) avaló al Gobierno de Chiapas señalando que es “un ejemplo de avanzada a nivel nacional” en el tema de los derechos humanos. La expresión fue de Rodrigo Escobar Gil, relator de la CIDH para Costa Rica, México y República Dominicana, declaraciones que a su vez fueron secundadas por Felipe González, presidente de la CIDH durante la comparecencia del Gobernador del Estado de Chiapas ante el pleno de este organismo en Washington. Disconformidad y reclamo de evangélicos de ese estado que han denunciado permanentes hostigamientos a los no católicos.
Señalo que la CIDH tiene un problema grande (con esta afirmación), dice Luis Antonio Herrera, Coordinador de Comunicación Social Región Altos del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas del Estado de Chiapas, ya que desde este estado «no podemos decir lo mismo, cuando se viven casos de intolerancia por el tema religioso el que ha llevado a varias familias a estar exiliadas de sus comunidades, sus casas y separadas de sus familias viviendo de la caridad y en condiciones difíciles solo por profesar una religión diferente a la de sus agresores y expulsadores. Estas familias con mucho pesar no pueden estar de acuerdo con lo que declara la CIDH porque ellos tienen algo que ni la CIDH ni el Gobierno del Estado de Chiapas conocen y que es el dolor del exilio, este dolor que sin temor a equivocarme, duele más que todas las declaraciones que se han hecho desvirtuando el origen del problema y tratando de encubrir la falta de capacidad de sus funcionarios y de interés del Gobierno del Estado de Chiapas en atender la problemática».
«Se atreve a declarar el Sr. Felipe González, presidente de la CIDH, que el Gobierno de Chiapas “incorpora a las minorías” no conociendo que en las Instalaciones de La Albarrada de San Cristóbal de las Casas, están 11 personas evangélicas indígenas refugiadas por haber sido expulsadas de su comunidad Lázaro Cárdenas Chilil, Mpio. de Huixtán, Chiapas, desde el mes de noviembre de 2009 (hace casi un año), tiempo en el que las autoridades de procuración de Justicia y el Gobierno del Estado no han podido solucionar el problema. Además de ello están los exiliados de Nachig y los problemas de seis comunidades más en este Estado que a los ojos del mundo es el estado más humanitario», denuncia Herrera en un comunicado.
Afirman que las averiguaciones, después de más de 11 meses, todavía se están integrando, se están solicitando ampliación de declaraciones de los afectados, toda esta información ha sido enviada a la CIDH en los correos que tiene disponible para ello.