ALC. Buenos Aires, jueves, 29 de septiembre de 2011
Se trata de una jornada de activismo. Se instituyó hace 21 años –durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en el balneario bonaerense de San Bernardo– para reclamar a los gobiernos cambios en las legislaciones que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo, con graves consecuencias en la salud de las mujeres.
En Buenos Aires una sentada frente al Congreso para reclamar el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por la Campaña por la Despenalización y que cuenta con la firma de más de 50 diputadas y diputados y el apoyo de más de 250 organizaciones sociales, políticas y académicas y de derechos humanos. También se realizaron actividades en ciudades como Mendoza y Rosario, Cordoba, entre otros lugares.
“Este 28 nos encuentra más cerca del debate en el Congreso. Es un logro que la discusión se haya visibilizado”, comentó a Página/12 Elsa Schvartzman, socióloga, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Por primera vez en la historia argentina, ya está fijada para el 1º de noviembre una reunión de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para analizar una serie de iniciativas sobre el tema: el temario incluye el proyecto de la campaña y otros que pretenden regular los abortos no punibles, ya contemplados en el artículo 86 del Código Penal, imponiendo, en algunas propuestas, aún más limitaciones.
En casi todos los países de América Latina y el Caribe las legislaciones que regulan la interrupción del embarazo son sumamente restrictivas. Las excepciones son Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México, donde es permitido el aborto sin limitaciones hasta la duodécima semana de embarazo. Mientras que Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, incluso cuando éste es producto de una violación o cuando la vida de la mujer corre grave peligro. Otros países, a pesar de no prohibir completamente el aborto, solo lo permiten en situaciones extremas (violación, o cuando peligra la vida o la salud de la mujer). Sin embargo, aun cuando está despenalizado por esas causales, el acceso a los servicios de aborto legal es sumamente limitado. Este es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y Uruguay.
Estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud, citadas por la periodista Mariana Carbajal de Página 12, una de las expertas de Argentina en el tema, dan cuenta que «el 95 por ciento de los abortos que se llevan a cabo en América Latina son ilegales, clandestinos e inseguros y sus consecuencias representan la causa del 11 por ciento de las muertes maternas en la región. En la Argentina son la principal causa de mortalidad materna desde hace casi tres décadas, de acuerdo con cifras oficiales: casi un tercio de las muertes de mujeres por causas vinculadas con el embarazo, el parto y el puerperio tienen su origen en prácticas precarias de interrupción voluntaria de la gestación. Desde la recuperación democrática se contabilizan cerca de 3000 muertes evitables de mujeres por esa razón».
El proyecto de ley de la Campaña consagra el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo voluntariamente dentro de las primeras 12 semanas de gestación; un plazo que se amplía en casos en que la interrupción del embarazo esté motivada por razones de riesgo para su vida o salud, por malformaciones fetales graves incompatibles con la vida, o en casos en que el embarazo resulte de una violación. La demanda de la mujer gestante debe ser atendida en hospitales públicos, centros de salud, obras sociales, prepagas.
Marta alanis, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, considera que el derecho al aborto «es una deuda de la democracia con las mujeres para un pleno ejercicio de sus derechos; la prohibición del aborto no reduce su frecuencia; en la evidencia de que la criminalización del aborto sólo garantiza una intolerable discriminación, por la cual las mujeres sin recursos que no pueden pagar el aborto en el circuito clandestino ponen en riesgo su vida y salud y se arriesgan a ser denunciadas o maltratadas en los servicios de salud».
Insistimos, dice, «en el valor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y la importancia de que cada día el Estado sea más laico, donde se respete la pluralidad de posiciones y se garanticen los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas. Celebramos todos los avances de estos últimos años en este sentido y nos comprometemos a colaborar en la profundización de la democracia».
Representantes de la iglesia Católica y de diversas confesiones cristianas como la Ortodoxa y varias iglesias Evangélicas firmaron un compromiso por la vida y contra el aborto, en el marco del debate parlamentario.
Firmaron la declaración Juan Carlos Agostinacchio (Federacion Confraternidad Evangélica Pentecostal de la Republica Argentina), el pastor Miguel Angel Carrillo (Unión Pastoral Sur – Pentescostal), el pastor Raúl Oscar García (profesor menonita y coordinador PUEB, zona Oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa), el pastor Jorge Himitian (Iglesia Comunidad Cristiana), pastor Julio César López (Iglesia Presbiteriana de San Andrés), pastor Tomás Mackey (Asociación Bautista Argentina).
También lo firmaron Mons. Carlos Malfa, Obispo de Chascomús y presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones; el arzobispo Nicolaos Matti Abd Alahad (Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía), el pastor Ángel Negro (Iglesia Comunidad Cristiana), el metropolita Platón (Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú), Rubén Oscar Salomone (Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal de la República Argentina), el metropolita Siluan (Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia) y monseñor Tarasios (Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado de Constantinopla).
En febrero de este año, Frank de Nully Brown, obispo de la Iglesia Metodista (IEMA), envió una Carta Pastoral a a las iglesias metodistas del país, explayándose sobre el tema.
«Limitar la discusión de la despenalización del aborto a una puja entre quienes están a favor y en contra de la práctica, es trivializarla: nadie puede estar a favor de la interrupción de una vida. Pero esta problemática va más allá de esta falsa polarización: la mujer que busca abortar lo hace con angustia y tristeza. La comunidad tiene que asumir esta realidad no escondiéndola sino sacándola a la luz», afirmaba.
En una mirada abarcativa afirmaba que la realidad del aborto «no se resuelve penalizando a la mujer que lo practica y dejando de lado la responsabilidad del varón. Porque el problema no es solo de las mujeres, es un problema de todos. Poner el tema en su adecuado contexto lleva a considerar el reclamo de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y, por otro lado, abordar el sufrimiento de muchas mujeres desprotegidas».
Consideraba que «una reflexión pastoral debe abordar su tratamiento considerándolo en todas sus dimensiones físicas, sociales, éticas y espirituales. Para ello comparto aquí algunas reflexiones que procuran aportar a su mejor comprensión».
Otras comunidades de fe protestantes y judías debaten el tema y trabajan actualmente con pluralidad y respeto una temática que necesita resoluciones sin mentiras ni hipocresias.
Algunos datos:
- El aborto clandestino y sus consecuencias representan la causa del 11 por ciento de las muertes maternas en la región
- Se calcula que 500 mil mujeres efectúan un aborto por año en Argentina, todas lo hacen de manera clandestina porque está penalizado.
- Unas 70 mil mujeres terminan con complicaciones siendo ellas jóvenes y pobres, por lo que se constituye en un problema de salud pública y de inequidad social.
- En la Argentina son la principal causa de mortalidad materna desde hace casi tres décadas
- Desde la recuperación democrática se contabilizan en este país cerca de 3000 muertes evitables de mujeres por abortos clandestinos
- Hay una fuerte presión de las corporaciones que todos los años mueven 1.200 millones de pesos en abortos clandestinos.
- Existen cuestiones culturales, que tienen que ver con la concepción de la maternidad, del rol de las mujeres y la concepción de que toda la sociedad puede legislar sobre el cuerpo de la mujer, menos ella.
Fuentes: Página 12, Información Parlamentaria, ACI, propias