Jefe del Estado: Paul Kagame
Jefe del gobierno: Bernard Makuza
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado
El gobierno mantenía un control férreo sobre todos los sectores de la sociedad civil, cuya actividad se desarrollaba en un clima de temor y recelo. Continuaron los juicios contra personas presuntamente implicadas en el genocidio de 1994. Existía preocupación en torno a la imparcialidad de algunos de ellos. Varios miles de personas llevaban largo tiempo recluidas sin juicio y en condiciones muy duras. Seiscientas personas seguían condenadas a muerte.
http://www.amnesty.org/es/region/africa/central-africa/ruanda#report
La comunidad internacional siguió describiendo como muy satisfactoria la evolución de Ruanda después del genocidio. Sin embargo, las autoridades no facilitaban asistencia médica básica ni educación a las comunidades excluidas de la administración local. Persistieron en el país las tensiones interétnicas y transétnicas.
En noviembre, las tensiones diplomáticas entre Kigali y París alcanzaron un punto crítico después de que un juez francés dictara órdenes internacionales de detención contra nueve estrechos colaboradores del presidente ruandés Paul Kagame.
Continuaron celebrándose juicios de acuerdo con el sistema de gacaca, un sistema de tribunales comunitarios creado en 2002 para juzgar a presuntos responsables de delitos cometidos durante el genocidio de 1994. El sistema de gacaca preocupaba, entre otras cosas, por la aparente falta de imparcialidad y por los informes según los cuales no se permitía a los acusados defenderse ni durante el proceso de recopilación de información anterior al juicio ni durante el propio juicio. Además, según los informes, las autoridades comunitarias (nyumbakumi) controlaban la fase de recopilación de información, aunque la ley asignaba esta responsabilidad a los jueces del sistema de gacaca.
En algunos distritos, la existencia de jueces insuficientemente capacitados, mal formados y corruptos provocó una desconfianza generalizada en el sistema de gacaca.
Según los informes, en Munyaga, localidad del distrito de Rwamagana, en la provincia del Este, un juez visitó a unas personas a quienes se había citado para interrogarlas y les pidió dinero a cambio de la absolución. En ese mismo distrito se condenó a dos personas a 30 años de cárcel a pesar de que existían dudas sobre su implicación en el genocidio.
Según informes de las autoridades locales y de asociaciones de supervivientes del genocidio, en la provincia del Este algunos sobrevivientes al genocidio fueron objeto de intimidación, acoso y agresiones antes de testificar ante un tribunal gacaca.
En noviembre, un hombre que había sido excarcelado recientemente después de confesar su participación en el genocidio mató presuntamente a Frédéric Musarira, superviviente del genocidio, en Rukumberi, localidad del distrito de Ngoma, en la provincia del Este. En represalia, según los informes, sobrevivientes del genocidio residentes en la zona mataron al menos a ocho personas.
A lo largo de 2006, ciudadanos ruandeses huyeron a países vecinos para escapar del sistema de gacaca. Algunos temían que los tribunales pusieran al descubierto su participación en el genocidio. Otros huyeron por miedo a falsas acusaciones.
Según el ACNUR, organismo de la ONU que se ocupa de los refugiados, unos 20.000 solicitantes de asilo ruandeses huyeron del sur de Ruanda a Burundi a principios de año. Los factores más comunes que los obligaron a huir fueron la persecución de las autoridades locales, la sequía y las citaciones de los tribunales gacaca.
En julio, otros grupos de ruandeses huyeron de la provincia del Este para evitar el sistema de gacaca, entre ellos 40 personas de Munyaga, en el distrito de Rwamagana, que entraron en Uganda.